Un banco quiere desahuciar a un enfermo de cáncer por una deuda que ya ha cobrado

La plataforma de afectados por la hipoteca moviliza a la ciudadanía para detener el proceso, fijado para el 18 de febrero // “No lo van a echar en silencio”, denuncia el colectivo

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Si la presión ciudadana no lo impide, el próximo 18 de febrero, los tribunales, a instancias del Banco Popular, desahuciarán a un enfermo de cáncer de Llanes, que se encuentra en un momento crítico, por una deuda que ya pagó en la ventanilla de una sucursal. Es la historia de un matrimonio al borde de la jubilación, que la crisis y una entidad bancaria ha empujado a una situación desesperante. Los abogados de la familia se han puesto en contacto con la plataforma de afectados por la hipoteca de Oviedo para tratar de detener lo que ni la ley ni el sentido común han conseguido. Hoy mismo, han colapsado a llamadas la sucursal del Popular en Llanes y se han puesto con la oficina central en Oviedo para intentar frenar el proceso. La campaña de movilización se intensificará en los próximos días. Solo tienen seis días por delante antes de que se quedan en la calle. En twitter están utilizando dos hastag distintos: #BancoPopularDesahuciaEnfermoDeCancer y #JoseLuisSeQueda.

La vida de esta familia de Llanes comenzó a torcerse hace cuatro años. Justo después de pedir un crédito de 28.000 euros para comprar material para el negocio familiar que llevaban años levantando, al marido le diagnosticaron un cáncer. Ambos se centraron en su batalla contra el tumor y no pudieron seguir manteniendo la empresa. Como eran autónomos, perdieron todos sus ingresos y empezaron a tirar de ahorros y del dinero que tenían a mano. Después de un tiempo, tuvieron que dejar de pagar las cuotas del crédito, para el que pusieron como aval su casa. Llegaron a acumular algo más de 3.000 euros de deuda.

El banco inició el procedimiento judicial contra ellos que, ayudados por parientes y amigos, consiguieron reunir la cantidad que adeudaban. Se presentaron en una sucursal de Llanes y lo ingresaron por ventanilla. No estaban asesorados por ningún abogado y no sabían que ese no era el procedimiento burocrático, ya que, en realidad, tendrían que haber acudido al juzgado para paralizar el expediente, que técnicamente se conoce como enervar el proceso judicial. En la oficina tampoco les dijeron nada. Incluso les aseguraron que tramitarían el pago. Pero no fue así. Ellos explican que conservan todas las pruebas documentales.

El proceso judicial, por tanto, se complicó. Contrataron a un abogado y propusieron vender una finca que tienen en Llanes para hacer frente a las deudas, pero para el Popular no fue bastante. La familia no vio ningún avance y en noviembre cambió de bufete de abogados y contactó con un equipo de Gijón, cuyo primer paso consistió interponer una demanda contra el banco para aclarar dónde están los más de 3.000 euros que la familia ingresó por ventanilla, de lo que tienen esas pruebas documentales. Sin embargo, el trámite de desahucio va más rápido. Consiguieron pagar una orden de desahucio fijada para enero, pero ahora tienen pendiente sobre la cabeza la fecha del 18 de febrero.

En todo este tiempo, la enfermedad del marido se ha complicado. Hoy mismo está ingresado en un hospital de Torrelavega. Le están sometiendo a sesiones de quimioterapia y a transfusiones para controlar la anemia que le han detectado. Además, está probando un nuevo tratamiento médico, que le obliga a ponerse una inyección diaria. Cuesta 180 euros y el Sespa subvenciona la mayoría, pero ellos tienen que pagar 15 euros por cada una. Además, durante tres años no tuvieron ningún ingreso, hasta que en diciembre la mujer cumplió los 65 años y comenzó a cobrar una pensión de 780 euros. De esos 780 euros, tienen que salir también los fondos para abonar los 15 euros diarios de la terapia.

La portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Oviedo, Pilar Galán, asegura que la situación es desesperada y que es necesario parar este atropello. “El banco tiene que saber que no están solos, que no los van a desahuciar en silencio”, añade Galán, que exige la apertura de un proceso de negociación y una investigación para saber dónde están los 3.000 euros que la familia ya ha abonado.

 

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