Más de 100.000 dependientes han fallecido desde 2012 esperando una ayuda reconocida por el Estado

  • Un informe de la asociación de gerentes asegura que la reducción de la lista de espera de la que presume el Gobierno se debe a muertes y expulsiones del sistema

  • Por otro lado, el documento señala que los dependientes ya ponen más dinero que el Gobierno para ser atendidos

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El de la dependencia es un sistema “en situación demolición controlada”. Es el diagnóstico –apoyado en las cifras que mes a mes hace públicas el Ministerio de Sanidad– que hace la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Y a este análisis contribuyen las cifras sobre financiación que evidencian cómo los beneficiarios ya ponen de su bolsillo más dinero que la Administración central para ser atendidos. No obstante, la gran carga del sostenimiento del sistema sigue recayendo sobre las autonomías, que financian el 62,7% de lo que cuesta atender a las personas que necesitan ayuda en su vida diaria, según un estudio presentado este viernes por dicho colectivo. Los datos muestran también que, desde 2009, el porcentaje de dinero que aporta el Estado se ha reducido un 54%, pasando del 39,2% al 17,9%. Al tiempo que el copago de los usuarios ha crecido un 32%, pasando de aportar el 14,7% del coste total al 19,4%.

Pero esta no es la única cifra llamativa que ofrece el informe. Desde 2012 uno de cada cinco dependientes murió en la lista de espera sin haber recibido una prestación que tenía reconocida. Fueron en total 101.070 personas, según datos recogidos en el documento. José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, señaló que este dato viene a desmontar el argumentario que el actual Gobierno viene esgrimiendo desde su llegada al poder sobre la reducción del número de personas que están esperando por un servicio o prestación reconocida. Y aseguró que se debe a muertes y expulsiones del sistema por el cambio en los baremos o las valoraciones de oficio a la baja.

La realidad es que en diciembre de 2011 las personas en espera de ayuda eran 305.941. Un año después eran 231.119. En diciembre de 2013 eran 190.503. Y en noviembre de este año –últimos datos publicados– 167.869. Por tanto, hay una reducción del 18,7% entre diciembre de 2011 y noviembre de 2014. Estas cifras corresponden a datos oficiales ya depurados de las duplicidades o errores que detectó el Tribunal de Cuentas en los expedientes enviados por las comunidades autónomas.

Sería lógico pensar que a la abultada reducción de la lista de espera fuera aparejada un aumento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de un grupo a otro. Sin embargo, a la luz de los datos, la reducción de la lista de espera no se ha producido por un incremento de las atenciones, pues las comunidades –asfixiadas por los estrictos objetivos de déficit y que en 2012 perdieron la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado (283 millones de euros en 2011), que dedicaban a financiar infraestructuras, servicios y sistemas de atención– no son capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema.

De hecho, el número de personas que reciben una ayuda o prestación permanece estancado en cifras inferiores a las que había cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente. En noviembre de 2014 el número de beneficiarios se situó en 729.313. En diciembre de 2011 eran 738.587. La diferencia es, por tanto, de 9.274. Septiembre de 2013 fue el primer mes en el que hubo menos beneficiarios que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha perdido una media de 2.230 beneficiarios al mes durante 2014, según datos del informe.

Dependientes moderados 

El sistema público de atención a las personas dependientes también registra una tendencia a la baja en el número de personas calificadas como grandes dependientes –las que tienen más dificultades para vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria– que acceden a las ayudas.

El número de personas valoradas con grado III, que incluye a losdependientes más graves, ha disminuido de forma muy importante en los últimos cuatro años. En junio de 2011 había 438.682 expedientes activos de personas con Grado III mientras que en noviembre de 2014 el número ha descendido hasta las 355.747 personas (82.935 personas menos). Suponen actualmente el 29,2% del total, mientras que en junio de 2011, mes en el que se reconoce un cambio de tendencia en negativo, constituían el 30,69% del total.

Ramírez explicó que la bajada paulatina de las personas con grado III dedependencia está relacionada con varios factores. Entre estas personas están las que tienen mayor fragilidad y que, por tanto, es de esperar que en este grupo se produzcan más bajas por fallecimiento. No obstante, recordó que también pueden influir los cambios introducidos en el baremo que, a su juicio, han “endurecido” las condiciones para el reconocimiento de este grado a los nuevos solicitantes. Y también las revisiones de grado de oficio que se han estado haciendo en los últimos años en algunas autonomías y que tienen como resultado dictámenes que reducen la valoración, pues el cambio en la valoración lleva aparejado una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que concede las ayudas.

Pero la clave del asunto, señaló Ramírez, está en que la disminución de personas valoradas con el grado III resulta provechosa para el Estado en términos económicos porque se reduce la cantidad de dinero que proporciona a las autonomías. Hasta el 31 de diciembre de 2013 el Estado aportaba un dinero a las comunidades por cada dependiente –es el llamado nivel mínimo de financiación– con el único criterio del grado de dependencia evaluado a cada persona. Y esta cantidad dependía de esa evaluación. Eran 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II.

 

Original

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