La realidad paralela de Jorge Fernández Díaz

El ministro asegura en una entrevista en el programa ‘Salvados’ (La Sexta) que la UDEF no investigó al alcalde de Barcelona, tan solo tres meses después de decir que esa unidad abrió diligencias por una presunta cuenta en Suiza

Fernández Díaz pasó de negar las torturas en los CIE a escudarse en que hay más denuncias de malos tratos en otros países europeos

Negó que se prohíba grabar a policías, pero en la práctica los agentes impiden que se registren algunas de sus actuaciones

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, concedió una  entrevista en el programa ‘Salvados’ (La Sexta) en la que, además de titubear y dejar preguntas sin responder, quedó en evidencia por sus contradicciones y medias verdades. El titular de Interior dijo que la cadena perpetua “no tiene nada que ver” con la prisión permanente revisable, aseguró que no se producen torturas en los CIE y cargó contra una ONG al tener que dar explicaciones por las devoluciones en caliente.

“¿Cómo se va a torturar en los CIE?”

Fernández Díaz se mostró escandalizado cuando Jordi Évole le preguntó por las torturas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): “¿Cómo se va a torturar en los CIE?”. Los datos desmienten al ministro. Tal y como le recordó Évole, Estrasburgo ha condenado a España en varias ocasiones por no investigar esas denuncias. A partir de ahí, el responsable de Interior cambió su discurso y empezó a lanzar balones fuera al asegurar que esos casos eran más frecuentes en otros países de nuestro entorno.

El Consejo de Europa reprocha a España los malos tratos a las personas que están en los CIE. De hecho, el Comité Antitortura de la institución señaló en su último informe que esos centros deberían tener un carácter “menos restrictivo”.

El ministro intentó dar una visión distinta de la realidad de los CIE al asegurar que los medios de comunicación pueden acceder a estos centros con normalidad. “Conmigo entran los medios de comunicación”, dijo. La verdad es que se antoja imposible que los periodistas puedan informar con libertad de lo que pasa dentro de sus rejas, porque el Gobierno no les permite la entrada.

Devoluciones en caliente

En el apartado de las devoluciones en caliente el ministro también intentó negarlas cargando contra una ONG. Évole le mostró  la imagen de un inmigrante al que la Guardia Civil arrastraba desde territorio español para devolverlo a Marruecos. “Esa actuación fue simulada. No estaba inconsciente”, expresó tras asegurar que Prodein informó de que estaba herido y que tuvieron que extirparle un riñón. Esa información fue desmentida después.

“Sobre este caso no me puedo pronunciar porque hay una investigación“, dijo después, antes de pedir que no se hiciera “de un caso concreto el general”. “Para que una persona se pueda devolver tiene que entrar en España”, explicó a continuación. No obstante, las denuncias sobre ese tipo de actuación son frecuentes. El ministro olvidó, por ejemplo, las devoluciones que quedaron grabadas el mismo día de la tragedia de Ceuta.

La UDEF y Trias

19 de noviembre de 2014. Fernández Díaz aseguró en el Congreso que la UDEF había investigado la cuenta que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, tenía supuestamente en Suiza. “La UDEF recibió una información y ha abierto unas diligencias y una investigación oficial sobre esa información”, expresó desde la bancada azul.

“No tengo que pedir disculpas porque ese informe no era de la UDEF”, contestó misteriosamente durante la entrevista del domingo. Fernández Díaz no dio más datos sobre la información que El Mundo publicó días antes de la consulta soberanista del 9N.

eldiario.es reveló que la policía tiene desde 2012 una unidad secreta dedicada a buscar indicios de corrupción vinculados a dirigentes políticos catalanes o miembros de su entorno, con el objetivo de contrarrestar la ofensiva política que busca la independencia. Interior utilizó a Asuntos Internos para investigar por blanqueo al hijo menor de Jordi Pujol. Esa unidad, que en teoría se encarga de casos que afectan a agentes, remitió su informe a la Fiscalía Anticorrupción.

Grabar policías

“Se multan las grabaciones que después se cuelguen en las redes sociales y afecten a la integridad de los agentes o sus familias”. Así explicó el ministro la teoría legal sobre las filmaciones a policías durante su actuación en manifestaciones. Aseguró que no se prohíbe a los ciudadanos registrar digitalmente, por ejemplo, las agresiones a manifestantes. “Si usted quiere difundir que un policía ha abusado de un manifestante, no tendrá ninguna multa”, afirmó el ministro.

Sin embargo, en la práctica, ese marco legal se incumple en numerosas ocasiones.

En ese mismo programa, se observa cómo un guardia civil se acerca a un reportero que está grabando un salto en la valla de Melilla. “¿Quieres que te incaute la cámara, la lleve al cuartel y se la lleve al juez?”, le dice el agente a la persona que está filmando mientras le tapa el objetivo. “En la valla de Melilla se puede grabar desde mucha distancia”, justificó Fernández Díaz. “También tienen derecho [los agentes] a que cuando están haciendo una actuación de esas características, que tienen unos especiales riesgos y demás, oiga, mire usted…”, fue la otra explicación del ministro.

16 agentes imputados

El ministro solo tuvo buenas palabras para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente para los que están destinados en Ceuta y Melilla. “Los guardias civiles están haciendo ejemplarmente, en condiciones muy difíciles, la misión que las leyes les encomiendan”, dijo sobre los agentes que custodian las fronteras.  16 de esos agentes han sido imputados por la jueza que investiga la muerte de 15 personas a las que dispararon pelotas de goma mientras trataban de llegar a nado a Ceuta hace un año.

¿Nada que ver cadena perpetua y prisión permanente revisable?

“La prisión permanente revisable no tiene nada que ver con la cadena perpetua”. Así comenzó su argumentación el ministro sobre el punto más polémico de la reforma del Código Penal. “La cadena perpetua sería inconstitucional”, continuó Fernández Díaz, que finalmente tuvo que reconocer que pueden llegar a ser lo mismo: un terrorista encarcelado por delitos de sangre puede llegar a estar en prisión hasta su muerte, según admitió el titular de Interior. Intentó interpretar esa realidad asegurando que se produciría “en una situación muy límite” y que lo “razonable” es que eso no suceda.

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