La “dación en pago” ofrecida por el Gobierno tendrá un alcance muy limitado

-La “segunda oportunidad” para las familias sólo llegará tras un concurso de acreedores. En 2014 sólo 646 personas físicas se acogieron a esta figura

-Economía dice que la norma es “suficientemente prudente como para no quebrar el sistema financiero”

-El proceso podrá aplicarse a efectos retroactivos pero un motivo para denegar la “buena fe” del deudor será haber rechazado un empleo en los últimos cuatro años

El ministro de Economía, Luis de Guindos. Foto: Europa Press

El ministro de Economía, Luis de Guindos. Foto: Europa Press

Presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Comisión Europea, el Gobierno ha esperado a la recta final de la legislatura, ahora que parece que la economía empieza a repuntar y que, como dijo recientemente el ministro de Economía, “se ha acabado el miedo a perder el puesto de trabajo”, para aprobar el denominado Real Decreto Ley de de Segunda Oportunidad, anunciado como una de las medidas estrella de Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación de esta semana.

La norma va a permitir, en casos muy concretos, la opción de la dación en pago para los particulares que no puedan hacer frente a sus deudas. Pero su alcance se prevé muy limitado.

La nueva normativa, según fuentes del Ministerio de Economía, es “suficientemente prudente como para no quebrar el sistema financiero” y está concebida para personas que lo hayan “perdido todo, liquidado todo y aun así, dejado deudas”. Será un “último recurso” para permitir “un mecanismo de salida para que esas personas puedan salir a flote”.

Economía no quiere “inducir a confusiones”, ya que, como ha dicho esta semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “las deudas hay que pagarlas”. No se trata, por tanto, de una dación en pago generalizada. Se quieren prevenir las “insolvencias estratégicas”, en las que el deudor elige qué activos se liquidan para no hacer frente a sus compromisos.

La dación en pago sólo va a ser posible tras la liquidación total del patrimonio del deudor, una vez embargados desde la casa hasta el coche o la nevera; sólo se librarán los bienes inembargables que establece la legislación, tales como, literalmente, “el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos”, “las ropas y muebles de su indispensable uso” o “los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza”. Entonces, sí será posible el “beneficio de exoneración del pasivo no satisfecho”, en la jerga del Ministerio. Es una solución de última instancia, si antes no ha habido un acuerdo extrajudicial, y que deberá determinar un juez en el marco de un concurso de acreedores.

Aquí surgen las dudas sobre el alcance real de la medida. La última estadística concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada a principios de este mes, refleja que en 2014 apenas se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) 646 personas físicas sin actividad empresarial. En lo que va de crisis, han sido poco más de 5.300 personas.

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