El recorte a las energías renovables y ‘el timo de la estampita’

Según los informes obtenidos por el Tribunal Supremo, todo parece indicar que el Ministerio habría decidido de antemano los recortes a realizar y habría pedido después un informe  que avalara los ajustes que había definido como necesarios en base a ellos.

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Ayer se conocía con gran desconcierto otro escándalo mayúsculo del sector eléctrico en España: según la información por fin obtenida por el Tribunal Supremo, el conocido como “hachazo” a las renovables (y cogeneración) determinado por la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, habría sido arbitrario y no respondería por lo tanto a criterios objetivos como defendía el Ministerio de Industria.

Por esta razónla Fundación Renovables pide que se esclarezca de dónde han salido los datos de la Orden Ministerial que disponía el recorte a las renovables y si ha habido prevaricación por parte del Ministerio de Industria. Según los informes obtenidos por el Tribunal Supremo, todo parece indicar que el Ministerio habría decidido de antemano los recortes a realizar y habría pedido después un informe que avalara los ajustes que había definido como necesarios en base a ellos.

“Todo muestra una gran manipulación que puede rayar en la prevaricación ya que se toma una decisión sabiendo que no se soporta, que no está “legitimada” y se “fuerzan” apoyos con informes de firmas reconocidas que ahora estarían en total entredicho. Es un tema extremadamente grave.” ha declaradoDomingo Jiménez Beltrán,Presidente de laFundación Renovables. Lo que sí está claro es que los recortes no han sido fruto de informes imparciales sino de una voluntad política.Inclusive no sería de extrañar la negativa deBoston Consulting Groupa cumplir con el contrato (que aún no se ha hecho público) que la ligaba al Ministerio de Industria ya que, de haberse desarrollado los acontecimientos de esta manera, hubiera sido imposible de justificar que la misma consultora aportara una opinión distinta a la que tan sólo un par de años antes había elaborado para el propio Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)en un estudio equivalente.

Este hecho se suma a los muchos ya acumulados en los tribunales en contra de las decisiones gubernamentales en España en detrimento de las renovables. Decisiones que han hecho imposible la gobernabilidad de un sector en pleno crecimiento, haciendo que España se hundieraen pocos años desde la cabeza al puesto 22 en el ranking mundial de los países más atractivos para la inversión en renovables. Inestabilidad regulatoria que la Agencia Europea de Medio Ambiente pone como razón central para prever que España no cumplirá con sus compromisos internacionales a 2020 en materia de renovables. Si finalmente los tribunales avalaran las peticiones de anular el recorte, no sólo nos encontraríamos de nuevo con un mayor déficit de tarifa (habría que pagar los intereses sobre los recortes) después de los esfuerzos realizados por los consumidores y el sector renovable, sino que además, y sobre todo, sin el desarrollo de las renovables que se ha visto bloqueado durante años.

Y por tanto, sin unos empleos que habrían sido muy bienvenidos en época de crisis, sin la reducción correspondiente en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de su coste, sin los beneficios de bajar la importación de combustibles fósiles, etcétera.Todo esto habría sido evitable con una regulación transparente, imparcial y sin cortoplacismos. Desafortunadamente no son hechos puntuales las intervenciones directas de los intereses del oligopolio eléctrico en las decisiones del Gobierno. Esta misma semana se ha conocido, gracias a un informe de Greenpeace, otro ejemplo de ello:Dos terceras partes de los representantes de la delegación española en la negociación europea para la actualización de las normas de contaminación del aire en las instalaciones industriales(incluidas centrales térmicas de carbón) son representantes de las grandes eléctricas enmascarados como delegados gubernamentales. La Fundación Renovables reivindica que la energía es un derecho básico de la ciudadanía que tiene que poder decidir libremente la forma más transparente, barata, limpia y sostenible de abastecerse de ella por lo que pide transparencia sobre el origen de los datos en los que se ha basado el recorte de las renovables.La intervención de las grandes empresas del oligopolio eléctrico obstaculiza y encarece la inevitable transición a un sistema energético 100% renovable, inteligente y eficiente.

 

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