Devoluciones en caliente: decir que es legal lo ilegal

-Las devoluciones en caliente impiden que personas como Samuel y Alain, potenciales refugiados, pidan protección en España. Nos cuentan cómo les afectaron estas expulsiones

-Samuel huía de Camerún porque las autoridades “descubrieron” que era homosexual, un delito en su país: “La guardia española abrió la puerta de la valla y me llevó de nuevo a Marruecos”

Un agente de la Policía Nacional arrastra a un inmigrante herido al otro lado de la valla de Melilla./ Blasco de Avellaneda

Un agente de la Policía Nacional arrastra a un inmigrante herido al otro lado de la valla de Melilla./ Blasco de Avellaneda

Samuel tocó suelo español tras dejar atrás la valla de Melilla. Quince veces se había amarrado a la alambrada en busca de un país que “respetase el derecho a amar”, con el impulso de quien no puede volver atrás. “La policía y la gente de mi pueblo me buscaba en Camerún porque descubrieron que soy gay”, explica. La alegría de Samuel no duró mucho. Ese día acabó soportando los golpes de la policía alauí: “La guardia española abrió la puerta de la valla y me llevó de nuevo a Marruecos”.

El nombre de Samuel protege la identidad del hombre de 32 años que tras cinco saltos más consiguió entrar a España y espera la resolución de su solicitud de asilo, que presentó con el apoyo de la ONG Accem.

La imagen que describe, de los agentes españoles trasladando a migrantes por el entramado fronterizo, retrata las denominadas “devoluciones en caliente”: las autoridades devuelven a una persona que ha entrado de manera irregular a España sin las obligadas garantías legales. Abren las puertas de la valla que comunican Europa y África y los expulsan inmediatamente. Como si no hubieran llegado nunca.

Hasta ahora, España incumplía la Ley de Extranjería, el convenio bilateral con Marruecos y multitud de tratados internacionales porque, si devuelves a alguien sin preguntarle por qué ha venido, quizá estás poniendo su vida en riesgo.Tras la nueva reforma del Gobierno, continúa vulnerando incluso la Ley de Seguridad Ciudadana que pretendía ampararla: la presión social obligó al Ejecutivo a añadir una frase en el texto que obliga al cumplimiento de la legislación internacional, que a su vez prohíbe las devoluciones que se están efectuando hasta el momento.

El camino que marcaba hasta ahora la ley debería haberlo conducido a una comisaría. Allí, la Guardia Civil está obligada a ofrecer la asistencia de un abogado y un intérprete. Si la persona sufre persecución u otros motivos que lo hagan susceptible de pedir asilo, puede solicitarlo así como expresar cualquier otra cuestión. Una vez en España, los migrantes deben ser identificados en todos los casos. Si no prueba que tiene motivos para ser refugiado, entonces puede iniciarse su trámite de expulsión.

Pero a Samuel no lo escucharon. Ni siquiera le preguntaron su nombre. Lo soltaron de nuevo “al otro lado”. Volvía a repetir una secuencia marcada por el miedo: los perros de la policía marroquí de madrugada, las palizas, las cuchillas que han marcado su rostro y su cuerpo. Porque no iba a cesar de intentarlo. Cinco saltos más. Dentro.

Su pasado ahora queda plasmado en una petición de asilo. Los meses sobreviviendo en las montañas de Marruecos. La ruta previa por Nigeria, Níger y Algeria. Que en Camerún trabajaba como carpintero y amaba a un hombre. Y que el descubrimiento de su relación le valió la persecución por parte de su propia familia y sus paisanos.

El Código Penal de Camerún condena las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. “Puedes ir cinco años a la cárcel, pero la gente también te puede matar. Te ponen la cuerda al cuello o incluso prenden fuego”, explica. Tuvo que saltar cinco veces más para denunciarlo.

Las expulsiones inmediatas como la de Samuel son las que el Gobierno  ha pretendido legalizar  mediante una enmienda en la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, algo ilegalizable según las organizaciones sociales. Los expertos señalan, incluso, que es inconstitucional: la Carta Magna reconoce el derecho al asilo y obliga al Estado a cumplir los tratados internacionales.

Los 23 de la playa de El Tarajal

Las devoluciones en caliente han sido negadas por todos los gobiernos. Ante unas imágenes que las demostraban, el ministro Jorge Fernández Díaz llegó a admitir que “en casos puntuales” se incumplía la ley. Hasta el pasado 6 de febrero. Después de más de una década de expulsiones sin garantías, la muerte de 15 personas en la playa de El Tarajal de Ceuta situó bajo el foco la actuación policial y supuso el reconocimiento de esta práctica.

Las víctimas mortales de Ceuta destaparon otro número: los 23 migrantes que la Guardia Civil devolvió en caliente a Marruecos. Sin identificación, sin ser oídos por un abogado. Incluso había vídeos que mostraban cómo algunos apenas podía mantenerse en pie cuando eran abandonados por los agentes españoles.

Fernández Díaz tuvo que admitir las devoluciones, pero en esa ocasión negó cualquier ilegalidad. El Gobierno cambiaba el concepto de frontera: los migrantes no entran en España hasta que no superan la totalidad del entramado fronterizo, incluido el cordón policial.

A estos rechazos inmediatos les siguieron otros a plena luz del día, captados por todas las cámaras, ya sin ocultarlo. La explicación de Interior no convenció a un juez de Melilla, que ha imputado al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, Ambrosio Martín Villaseñor, debido a un posible delito de prevaricación por permitir y ordenar las expulsiones.

El Gobierno mantiene que no actúa fuera de la ley, pero diseñó una vía para legalizar las devoluciones que no ha logrado ampararlas. La Ley de Seguridad Ciudadana permite devolver a los extranjeros detectados en Ceuta y Melilla “mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos”, siempre que se respete “la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte”.

He aquí la clave citada por los expertos consultados: las expulsiones en caliente realizadas hasta ahora en las vallas vulneran la normativa internacional. Por tanto, afirman, a no ser que cambien el modo de efectuarlas a través de la inclusión de garantías, se seguirán cometiendo sin amparo legal.

Legislar contra derechos

Alain Diabanza intentó entrar por la valla de Ceuta en tres ocasiones, siempre en grupo. “Es la forma que hay de poder pasar, si lo intentan varias personas al mismo tiempo”, apunta. La tragedia de Ceuta le encogió el estómago porque, al final, entró en España a nado por el mismo espigón en 2005. “Podía haber sido yo”, repite una y otra vez. Se echó al mar de madrugada por miedo a una devolución en caliente: “En una de las primeras que vi, traían a un chico con la espalda abierta por las cuchillas”.

Alain huyó de República Democrática del Congo en 2002 cansado de “difundir las mentiras de la dictadura” a sus alumnos. Una vez en España, también cursó una petición de asilo, que fue denegada. Sin embargo, admite que el día que entró en España cambió su vida. “Trabajo, cotizo, tengo sanidad y conocí a mi mujer”.

Alain/ Foto: Carlos Díaz

Alain/ Foto: Carlos Díaz

Las devoluciones en caliente impiden que personas como Samuel y Alain, potenciales refugiados, pidan protección en España. Un derecho recogido no solo en la Constitución sino también en el Convenio de Ginebra, entre otros tratados. No se puede legalizar la vulneración de derechos ya reconocidos, recuerdan desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Los ciudadanos que llegan por Ceuta y Melilla no pueden tener menos derechos que los que acceden por otro punto del país”, apunta María Jesús Vega, de ACNUR España.

El coste humano de expulsar a estas personas, algunas menores de edad, también debería ser una línea roja para las autoridades, apuntan en Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Alain temía una devolución porque “podías tener suerte y que solo te pegaran o no tenerla y que te metieran en un camión para deportarte”. El principio de no devolución prohíbe devolver a ciudadanos a un país donde sus vidas corren peligro.

Ninguna de las organizaciones contactadas recuerda otro país que haya intentado legalizar estas devoluciones. “Las hacen pero no han intentado aprobarlas”, indica María Serrano, de AI. En  la ONG esperan que la justicia frene “esta vulneración de los derechos humanos”. Desde CEAR plantean “promover un recurso de inconstitucionalidad” dado que la mayoría del PP ha logrado aprobar la enmienda, apunta su responsable de Incidencias, Nuria Díaz.

Alain recuerda que estos impedimentos solo provocarán más heridas, destruirán más vidas, pero no frenarán la llegada de migrantes. “En este lado solo me muero. Si salto, hay dos opciones: muero o me salvo. Hay más oportunidades”, resume.

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