Siete familias de corralas malagueñas denuncian a España ante Naciones Unidas

Piden al Comité de los Derechos del Niño que se aperciba al Estado por vulnerar los derechos de los menores y que solicite a los ayuntamientos de Málaga y Torremolinos que empadronen a los ocupantes de viviendas vacías

El desalojo de la corrala Buena Ventura, en Málaga / N.C

El desalojo de la corrala Buena Ventura, en Málaga / N.C

Siete familias que ocupan irregularmente un inmueble en Málaga han puesto su situación en conocimiento del Comité de los Derechos del Niño. Solicitan a este organismo, dependiente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que aperciba a España por vulnerar los derechos fundamentales de los menores y que “sugiera” al ayuntamiento que tramite el empadronamiento de estos niños en los inmuebles ocupados para facilitar su matriculación escolar y la contratación de servicios básicos.

El escrito también recuerda que el Pleno del consistorio malagueño aprobó en junio de 2013 poner a disposición de estas familias (agrupadas en las autodenominadas ‘corralas’) “todos los recursos sociales y de viviendas disponibles”, algo que, aseguran, no ha ocurrido. El objetivo, explica el abogado que ha redactado la queja, es doble: que el comité se pronuncie sobre si se han vulnerado el derecho de los niños a una casa y que las autoridades internacionales recomienden a España desarrollar la normativa aprobada a nivel internacional.

El relato que se recoge en el texto presentado al Comité de los Derechos del Niño comienza con la ocupación de varios edificios vacíos en la ciudad de Málaga. El 16 de febrero de 2013, nueve familias irrumpieron en un edificio vacío de la calle Ventura Rodríguez, al que llamaron Corrala Buena Ventura. En mayo, ocho madres solteras ocuparon junto con sus hijos menores  comenzaron a vivir en un edificio propiedad del Banco Sabadell y a lo largo de ese año y de 2014 al menos otros cinco inmuebles fueron ocupados en Málaga y Torremolinos. Los ocupantes respondían a un perfil similar: jóvenes con escasos o ningún ingreso y dos o más hijos a su cargo, con certificado de exclusión social y que solicitaron desde el principio la intermediación del consistorio para la obtención de un alquiler social.

El 3 de junio de 2013, el ayuntamiento de la capital aprobó por una unanimidad una moción en la que se acordaba poner a disposición de estas personas “todos los recursos sociales y de viviendas disponibles” y se ofrecía a mediar para que las familias obtuvieran “la mejor solución a su situación, como la cesión de uso de las viviendas, el pago de un alquiler social u otras soluciones”. En septiembre, los ocupantes de la Buena Ventura negociaron con el consistorio, la Junta de Andalucía y la propiedad el desalojo pacífico del inmueble. Recibirían seis meses de ayudas al alquiler y cursos de formación y tendrían derecho a un puesto en un mercadillo. Sin embargo, el desalojo, a principios de octubre, fue finalmente forzoso y se saldó con la detención de tres personas.

Procedimiento por vulneración de derechos

Poco después, algunas de las familias ocupantes (algunas desalojadas, otras instaladas en otros inmuebles) iniciaron un procedimiento especial por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, solicitando al ayuntamiento la cesión en uso de un inmueble a las familias con menores y el empadronamiento. En aquel recurso, coincidente con la crisis en el gobierno autonómico por el desalojo de la corrala La Utopía, se insistía en la situación de vulnerabilidad de los menores y en que las familias malagueñas, a diferencia de las de Utopía, sí disponían de certificado de exclusión social, lo que les habilitaba, a su juicio, para exigir un régimen de alquiler social. También imputaban a la Junta de Andalucía el incumplimiento de la Ley de Función Social de la Vivienda y de la normativa contra la exclusión social por no conceder las ayudas.

Aquella demanda, que según la ley debería haberse tramitado en el plazo aproximado de tres meses, fue desestimada el 20 de febrero de este año por el juzgado contencioso administrativo número 1 de Málaga, que entendió que el acuerdo del Pleno no recogía “prestaciones concretas” y que el procedimiento seguido por los demandantes no era el adecuado. La jueza no entró a valorar el fondo del asunto, la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los menores. La sentencia ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial, pero el asesor jurídico de las familias entiende que las dilaciones en el procedimiento ponen en peligro los derechos de los menores, por lo que ha optado por dirigirse al comité de la ONU mientras culmina el procedimiento ante los tribunales españoles.

Sin prejuzgar la legalidad o ilegalidad de su situación, el ayuntamiento de Málaga empadronó a 15 familias okupas en octubre y Torremolinos inició los trámites poco después, pero el asesor de las familias explica que la práctica no está generalizada y que algunas juntas de distrito siguen poniendo trabas. Las familias insisten en que la falta de empadronamiento les dificulta o impide la escolarización y en el supuesto abandono que sufren por parte de las administraciones.

“Lo que se denuncia es que hay muchos niños que la legislación española está desamparando. Aunque tengas reconocido un derecho por Naciones Unidas, los jueces están atados de pies y manos mientras no se transponga esa normativa. España no ha aprobado las leyes para reconocer esos derechos de los niños y las autoridades miran a otro lado”, razona el abogado.

La Convención sobre los Derechos del Niño recoge los derechos sociales, culturales, económicos, civiles y políticos de los menores y es un tratado internacional jurídicamente vinculante para España desde 1990. Tiene tres protocolos de complemento, uno de los cuales habilita un procedimiento para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño, integrado por 18 expertos.

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