Altos cargos de Castilla y León cobraron varias comisiones por aprobar parques eólicos

Un informe de la Agencia Tributaria afirma que compañías eléctricas pagaron hasta 110 millones de euros a empresarios y políticos por las licencias administrativas.

Un parque eólico. JUPITER

Un parque eólico. JUPITER

En pleno apogeo del Caso Rato, a Hacienda se le ha abierto otro frente: el diarioEl País cuenta este lunes que la Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción un presunto pago de comisiones ilegales a políticos y empresarios en 2006 y 2007 por la instalación de parques eólicos en Castilla y León.

Las eléctricas pagaron a empresarios locales y altos cargos de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León dinero en metálico o a través de la transmisión de acciones, según cuenta El País

Según la información de este diario, que saca la información de un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso, “un conjunto organizado de personas y sociedades” cobraron de las empresas eléctricas al menos 110 millones de euros para facilitar y agilizar los trámite de instalación de parque eólicos en la comunidad de Castilla y León.

El informe de la Agencia Tributaria, fechado el pasado 30 de diciembre de 2014, afirma que entre los beneficiarios de esos pagos, hay “autoridades públicas de Castilla y León”, comunidad gobernada por el PP desde 1987.

En la información, El País concreta que se hicieron siete operaciones en las que las eléctricas pagaron a empresarios locales y altos cargos de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León dinero en metálico o a través de la transmisión de acciones de las sociedades creadas para gestionar los parques eólicos.

El diario describe el modus operandi: las eléctricas que querían instalar parques eólicos formaban empresas mixtas con los cargos de la consejería de Economía y empresarios locales “relacionados con el poder autonómico”, a pesar de que estos no intervenían para nada en la elaboración y presentación del proyecto.

La Agencia Tributaria establece una conexión directa e inmediata entre los pagos y las concesiones administrativas para que los parques empiecen a funcionar. De hecho, la información de El País, señala literalmente que “en alguno de los casos, los pagos desbloquean decisiones que estaban pendientes desde hace más de seis años”.

Uno de los beneficiarios de la trama fue el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez. Según El País, Delgado firmaba las autorizaciones administrativas “en virtud de acuerdos de avocación específicos”. El titular de la Consejería de Economía desde 2003 es Tomás Villanueva. Está considerado como la mano derecha del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera.

 

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