La comisión secreta del Congreso donde los diputados arreglan sus negocios

  • La Comisión del Estatuto, donde los diputados deben rendir cuentas de sus actividades, se reúne a puerta cerrada y ventila los expedientes sin pedir detalles de las solicitudes que se presentan
  • La polémica desatada tras conocerse que varios diputados del PP han compatibilizado sus escaños con asesoramientos a empresas privadas vinculadas con el sector público ha vuelto a reabrir el debate sobre las incompatibilidades
  • El presidente del Congreso asegura que las declaraciones de los parlamentarios “se basan en la confianza” porque de lo contrario la Cámara tendría que “investigarles” y eso es “inviable”
Las incompatibilidades de los diputados del Congreso de nuevo a debate

Las incompatibilidades de los diputados del Congreso de nuevo a debate

¿Se debe dejar compatibilizar el escaño con una actividad privada para evitar la “profesionalización” de la política? ¿Es ético cobrar varios miles de euros mensuales por asesorar a una empresa privada que factura para el sector público? ¿Es digno el sueldo que perciben los diputados españoles?. La polémica suscitada estos días tras conocerse que varios diputados del PP han estado asesorando a empresas privadas vinculadas con el sector público, o no han declarado la creación de una empresa, ha reabierto el debate sobre las incompatibilidades. La Comisión del Estatuto es la encargada de autorizar estos asuntos, pero a raíz de estos casos su funcionamiento está siendo cuestionado por algunos de los propios grupos de la Cámara.

Desde que se inició esta legislatura, 87 diputados han pedido el aval de esa Comisión para compaginar el escaño con otras actividades ajenas a la política. El reglamento del Congreso lo permite, siempre y cuando ese trabajo no tenga relación con el sector público y no utilicen su condición de diputados “para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional”. En la lista de solicitudes autorizadas hay sobre todo abogados, economistas, médicos, profesores, empresarios o ingenieros.

Los diputados también deben comunicar su participación en tertulias o conferencias; si forman parte del Patronato de alguna Fundación, si escriben artículos o libros y si cobran por ello. Lo hacen en un impreso que registran al inicio de la legislatura en la Cámara -declaración de actividades- que deben actualizar cada vez que se modifique su situación.

Estas declaraciones son estudiadas  por la Comisión del Estatuto del Diputado, que está presidida por el partido que gobierna -en este caso el PP- y compuesta por un diputado de cada grupo. Los expedientes quedan a su discrecionalidad. La Comisión, que se reúne a puerta cerrada, emite un dictamen que vota posteriormente el pleno del Congreso en su conjunto, es decir, de una tacada, salvo que algún diputado pida que se vote un caso por separado, lo que raramente ocurre. El lote se aprueba con el apoyo de toda la Cámara. No hay precedentes de lo contrario.

Hasta 2009, las votaciones en el pleno de estos dictámenes sobre compatibilidades se realizaban a puerta cerrada y también eran secretas. Cuando llegaba el momento, el presidente de la Cámara ordenaba desalojar el hemiciclo a los periodistas y las tribunas al público invitado. Al finalizar el trámite, se informaba del resultado de la votación sin más detalles. Los informes se guardaban y había que pedir autorización especial para acceder a alguno de ellos.

En noviembre de 2009, siendo presidente el socialista José Bono,  una resolución de la Cámara modificó el artículo 63.2 del Reglamento “para garantizar la publicidad de los dictámenes y de las votaciones” sobre incompatibilidades. Desde entonces los expedientes pueden consultarse en la web del Congreso. Pero en ellos no se dan detalles.

La declaración del portavoz adjunto del PP, Agustin Conde, es un buen ejemplo de ello, aunque no el único. Conde presentó la última en marzo 2012 y se limitó a poner que era “administrador único de la asesoría jurídica Conde y Esteban SL”. Y “abogado sin relación directa o indirecta con el sector público”.

Posteriormente a esa fecha, el diputado por Toledo creó una empresa de eficiencia energética, ECO-WITT S.L, de la que es copropietario, pero se le “olvidó” notificarlo a la Cámara. El diputado acaba de enviar una carta a la Comisión del Estatuto para explicarlo, puntualizando que su actividad “no ha tenido ni tiene relación con la Administración ni con el sector público”.

¿Sancionar a los que mienten?

Estos comportamientos no están sancionados por el reglamento, aunque el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha asegurado que si podrían serlo, “por “incumplir la relación de confianza”.

Precisamente, porque creen que nadie va a quebrantar esa “confianza”, los miembros de la Comisión del Estatuto reconocen que nadie pone en entredicho las peticiones de compatibilidad de sus propios compañeros de escaño. Presuponen que ninguna vulnera la legalidad y ninguno miente.

El propio Posada asegura a eldiario.es que el trabajo de este órgano de control se basa en mantener la presunción de que todos los diputados y diputadas conocen las limitaciones de la ley y del reglamento y lo cumplen. “Si tuvieramos que revisar todas las declaraciones, ¿a dónde iríamos? Lo veo inviable”, opina Posada.

El presidente de la Cámara no ve en estos momentos posibilidad de cambiar las reglas de funcionamiento, como solicitó el diputado de UPN Carlos Salvador del Grupo Mixto, en la naufragada ponencia de reforma del reglamento de la Cámara. Salvador pidió que se aplicaran sanciones -incluso con la posible pérdida de la condición de diputado- cuando alguno no cumpla las reglas a las que están sujetas las incompatibilidades.

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