La inspectora que retrasó un informe por corrupción,adjudicó un contrato millonario a la empresa implicada

La delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra (centro), durante la presentación de la declaración de la renta 2013 en Valladolid./ EFE: R. García.

La delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra (centro), durante la presentación de la declaración de la renta 2013 en Valladolid./ EFE: R. García.

Georgina de la Lastra es la máxima autoridad de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Fue nombrada como delegada especial hace menos de un año y medio, tras la destitución de toda la anterior cúpula de los inspectores que ordenó Cristóbal Montoro a finales de 2013; el ministro, poco después de esa criba, llegó a asegurar que la Agencia estaba “llena de socialistas”.

De la Lastra, nombrada tras esa purga en la Agencia Tributaria, es una inspectora de Hacienda muy próxima al PP: entre 2003 y 2007 fue alto cargo: secretaria general de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, que gobierna la derecha desde 1987.

Como mando de la Agencia Tributaria, Georgina de la Lastra fue la persona que retrasó el explosivo informe de otro inspector de Valladolid, J.T., que fue el funcionario que descubrió la trama eólica de Castilla y León. El informe denunciaba el pago de 110 millones de euros a altos cargos de la Junta a cambio de conseguir los permisos para nuevos parques eólicos para las grandes empresas eléctricas. El caso está ahora siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

En el informe de J.T. también se desveló que el diputado Vicente Martínez Pujalte y el embajador en Londres y exministro Federico Trillo cobraron 429.000 euros por unas “asesorías verbales”, de las que no aparece documento alguno. La empresa que pagó estos generosos salarios a estos políticos es el Grupo Collosa, la constructora que está en el centro de toda esta trama.

El informe de este inspector tardó meses en llegar a la Fiscalía Anticorrupción por el retraso provocado por la delegada especial Georgina de la Lastra.  Tal y como publicó eldiario.es hace unos días, el inspector J.T. se vio obligado a presentar su informe a través del registro para obligar a que su jefa lo tramitase porque por el cauce ordinario su denuncia no prosperaba y llevaba meses en el fondo de un cajón, desde antes de las pasadas Navidades. Fue una decisión absolutamente inusual –los informes nunca se presentan a través del registro– y que ha provocado un enorme malestar dentro de la Agencia Tributaria.

Retrasar el informe no fue la primera decisión que Georgina de la Lastra tomó respecto a esta constructora, el Grupo Collosa. Durante su etapa como secretaria general de la Consejería de Hacienda el 7 de julio de 2005, De la Lastra firmó un lucrativo contrato de alquiler con opción a compra de un edificio de Inverduero SL, una de las empresas del Grupo Collosa. La parcela fue recalificada por el Ayuntamiento de Valladolid, en manos del PP, y despues uno de los edificios construido sobre ella –el otro es un hotel– fue alquilado a la Junta de Castilla y León, también del PP. Hoy es la actual sede de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta.

La adjudicación de ese alquiler con opción a compra la firmó la propia De la Lastra, según figura en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León. No fue un alquiler barato: 778.913 euros anuales, 64.909 euros al mes. El edificio tiene 4.936 metros cuadrados construidos, unos 4.000 metros cuadrados útiles. El precio pactado es de 13,15 euros por metro cuadrado construido, unos 16 euros por metro cuadrado útil. Es más caro de lo que hoy se paga por metro cuadrado en Valladolid por oficinas similares. Aún sigue ocupado por la Junta, por lo que el alquiler ha costado ya más de siete millones de euros.

Según fuentes de la Agencia Tributaria, Georgina de la Lastra ha asegurado a varios de sus compañeros que fue “presionada” por sus relaciones anteriores con Collosa para “suavizar” el informe, antes de elevarlo a la Fiscalía Anticorrupción. Fue ésta la razón que llevó al inspector J. T. a presentar su durísimo informe a través del registro para así garantizar que llegaría a Anticorrupción sin cambio alguno.

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