Moncloa se niega a aclarar la corrupción en la venta de armas a Angola

Ramón Aguirre, presidente de la SEPI, durante una comparecencia en el Congreso. / Efe

Ramón Aguirre, presidente de la SEPI, durante una comparecencia en el Congreso. / Efe

Los mercaderes de armas actúan discretamente, amasan fortunas de la muerte, las ocultan en paraísos fiscales y mienten siempre y de tal manera que, al decir de Graham Greene, resulta difícil distinguir sus mentiras de las verdades del Evangelio. Greene era católico. En el caso DEFEX, la empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que preside el exdiputado del PP, Ramón Aguirre, cuentan además con el mutismo y la opacidad del Gobierno de Mariano Rajoy, quien se ha negado a informar al Parlamento sobre una operación de venta de armas a la policía de Angola con un desvío de 41,4 millones de euros a distintos paraísos fiscales para su reparto entre tres directivos: el antiguo presidente, José Ignacio Encinas Charro; el director comercial Manuel Iglesias-Sarria y su antecesor, Angel María Larumbe, con el asesoramiento de la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa, que ocultó la fortuna amasada por Luis Roldán como director general de la Guardia Civil.

Los tres directivos fueron imputados en julio de 2014 por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –ya relevado como instructor– por corrupción, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capital y organización criminal. Las pruebas aportadas por funcionarios de Angola y por la Guardia Civil indican que participaron, junto con un general angoleño, en una operación fraudulenta de venta de material policial a este país por valor de 151 millones de euros. Con el fin de repartirse 41,4 millones de euros en comisiones ilegales formaron una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre DEFEX y Comercial Cueto 92, y para blanquear el dinero crearon una red de cuentas en paraísos fiscales, debidamente asesorados por la mencionada García Paesa, que desembocaban en bancos en Luxemburgo. El juez los interrogó y los envió a prisión. Y lo propio hizo con el representante de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto Martín, y con la sobrina del espía Paesa.

Conviene recordar que DEFEX, con una plantilla de apenas 20 personas, actúa como intermediaria de la exportación de armas entre el fabricante y el comprador, y que la UTE con Cueto respondía a un acuerdo entre intermediarios. El juez Ruz relata que desde cuentas corrientes de la UTE se transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna; los imputados, al parecer, confeccionaron de forma aparentemente veraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos. El juez atribuye a García Paesa la constitución y gestión de varias empresas en paraísos fiscales, desde las cuales se recibían los fondos de la UTE Defex-Cueto y se realizaban transferencias a favor de familiares de funcionarios públicos angoleños y de sociedades relacionadas con los procesados.

Es a partir de esta información cuando Izquierda Unida (IU) exige aclaraciones al Gobierno. El diputado Ricardo Sixto se dirige al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sin obtener resultado alguno, pues el asunto está subjudice. El también diputado de Izquierda Plural (Chunta Aragonesista), Álvaro Sanz Remón, pregunta al Gobierno: “¿Qué medidas ha adoptado con los directivos? ¿Ha abierto algún tipo de investigación interna el Gobierno español para esclarecer los hechos? y ¿Cómo es posible que una empresa que se supone que cuenta con diversos expertos externos en prevención de blanqueo de capitales no haya sido capaz de detectar con prontitud este tipo de actividades delictivas?”

Sanz Remón ni siquiera preguntaba si los antiguos directivos de DEFEX devolvieron las comisiones ilegales o se acogieron a la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro. Pero después de tomarse su tiempo –ocho meses para responder–, el Gobierno le acaba de contestar que “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria tienen carácter reservado”. Y, por supuesto, que “el sumario judicial es secreto”. No era esa la cuestión, sino la responsabilidad política in vigilando la que IU reclama al Ejecutivo, dice su portavoz José Luis Centella.

Para la formación de izquierda que dirige Cayo Lara, resulta cuando menos chocante –además de nocivo para la famosa Marca España– que solo tras las denuncias de funcionarios angoleños y la visita que realizó a Madrid el ministro del Interior de Angola, Ângelo de Barros Veiga-Tavares, para seguir comprando material policial, se haya descubierto la trama de corrupción en esa empresa estatal, supuestamente controlada por especialistas contra el blanqueo de capitales y por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

 

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