Los ‘cazasubvenciones’ de la Bahía de Cádiz siguen sin devolver el dinero estafado

Pocas zonas como la comarca de la Bahía de Cádiz han sufrido tantos pufos y pillajes industriales a costa del dinero público en el último lustro.

José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, en una comparecencia ante los periodistas. / Efe

José Luis Centella, portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, en una comparecencia ante los periodistas. / Efe

Varias sociedades con proyectos que iban a crear cientos de empleos se han repartido decenas de millones de euros en subvenciones y en créditos oficiales sin haber generado ni un puesto de trabajo estable. Ninguno de los supuestos empresarios ha devuelto el dinero. En realidad, más que emprendedores eran ‘caza-subvenciones’ alertados por el plan de reindustrialización de la Bahía. La exdiputada socialista y nueva alcaldesa de Jerez de la Frontera,Mamen Sánchez, y al portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, exigen la actuación del Gobierno para recuperar los fondos públicos.

El caso más sorprendente de obtención de créditos y subvenciones públicas lo han protagonizado en El Puerto de Santa María las sociedades limitadas Foelca, Merkum energética, Merkun energía 2010, Zidac energías, Plasticur Reciclados y otros nombres detrás de los cuales figura Juan Ramón Hermo Sánchez como administrador único. ¿De donde salían aquellos Hermo Sánchez e hijos que iban a fabricar autobuses eléctricos y hablaban con una familiaridad pasmosa de las aplicaciones de fibra óptica y del diseño de ‘picoceldas (Pico-LTE-ADVANCED) con backhaul para redes heterogéneas’? Nadie en El Puerto lo sabía. ¿Si no eran ingenieros ni contaban con técnico alguno en la maraña de sociedades que tenían registradas, alguien se podía creer los proyectos tecnológicos que iban a emprender?

La solvencia económica de aquellos tipos era cero, pero llegaron a El Puerto de Santa María desde Galicia, atraídos y al parecer animados por el entonces alcalde, Enrique Moresco, un personaje que solo buscaba el bien, según decía, para la ciudad y que cuando dejó el puesto se colocó de cargo de confianza en la Diputación de Cádiz. Aquel Maresco concedió en 2010 una parcela a los supuestos empresarios gallegos para que instalaran su factoría. Era un terreno que la estadounidense Visteon, cerrada y con los trabajadores en la calle, tenía concedido por la empresa municipal del suelo industrial y que no había utilizado.

Una sencilla hojeada a los documentos registrales del entramado societario de aquellos individuos venidos desde Galicia habría sido suficiente para saber que se trataba de vulgares cazadores de subvenciones. La única actividad remotamente parecida a la fabricación industrial era una carpintería metálica que habían tenido en su tierra. Los cazadores de subvenciones iban a crear cien puestos de trabajo, ni uno menos, en su primer año de actividad. Y no crean ustedes que no eran listos, pues se disponían a fabricar autobuses eléctricos nada menos, y motores eléctricos para esos autobuses y otros ‘desarrollos móviles’ e incluso hablaban de ‘tecnoempleo’, una palabra desconocida pero que sonaba bien porque parecía que no implicaba mucho esfuerzo.

Ya puestos, el conglomerado bien valía el nombre de un grupo empresarial. Mejor dos. Registraron el grupo Solventea Innovación y también grupo Elairtel 2010. Los Hermo utilizaban a una mujer llamada Ana Isabel Fuentes Mateo como administradora y apoderada y a Juan Figueiredo Núñez también como apoderado. Así, además de la cesión municipal de los terrenos, recibieron más de 1,5 millones de dinero público para una sucesión de proyectos fantasma desde 2010 a 2013, a los que hay que añadir otros 3 millones de euros en préstamos oficiales.

Los mencionados personajes llegaron a contratar a 7 personas mientras pillaban la subvención. No pagaron sus cotizaciones a la Seguridad Social y les dejaron a deber 50.000 euros de las nóminas de los seis últimos meses de 2013. Luego desaparecieron. De esos y de otros supuestos emprendedores dicen las gentes de la Bahía de Cádiz que huyeron en unos barcos con la bandera pirata y la intención de seguir haciendo ‘negocios’ en alta mar. Ahora, desde los ministerios de Economía y de Industria, que son los responsables de exigir la devolución del dinero público, han comunicado al diputado y portavoz de Izquierda Plural, Centella, que el rescate de las subvenciones sigue pendiente de una visita a las instalaciones de las supuestas empresas.

El pillaje de subvenciones industriales en la Bahía de Cádiz alcanza características escandalosas con el visto bueno de los sucesivos gobiernos. En la lista de grandes beneficiarios que no han creado ni un solo empleo estable se inscribe Cádiz Solar Center, S.L. La ayuda conjunta en forma de préstamos, solicitada entre 2009 y 2011, ascendió a 70,9 millones de euros. Se llevaron 11 millones hasta que en 2011 les fue denegada por “el incumplimiento total de las condiciones de ejecución exigidas”. En consecuencia, en 2011 se emitió resolución de reintegro por la totalidad de los préstamos concedidos.

Detrás de esa y de otras sociedades estaba el también gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, un experto cazador de subvenciones que tras llevarse la pasta del Ministerio de Industria fue denunciado por la Junta de Andalucía y detenido en noviembre de 2011. Ese personaje estuvo relacionado como administrador, ejecutivo y representante de unas 50 sociedades de los más diversos sectores económicos, en función de los recursos y subvenciones públicas a los que él y dos o tres colegas más decidían optar.

La empresa Sostenibilidad, Ecología, Agua, S.L. concurrió con una solicitud a la convocatoria de la comarca de Bahía de Cádiz del año 2010, se llevó 3 millones de los 5,4 que pedía e incumplió todas las condiciones exigidas. Soluciones Tecnológicas Ambientales, S.L. recibió 2,4 millones de euros y desistió de seguir pidiendo más dinero en 2011. Otra, Bagazo, obtuvo una ayuda en forma de préstamo oficial de 2,6 millones de euros. Y otra, Aquandalucía, se llevó 2,1 millones de euros y también incumplió todas las condiciones exigidas. Aunque las autoridades exigieron el reintegro, en ninguno de los cinco casos se ha producido aún el ingreso en el Tesoro de las cantidades reclamadas, según ha admitido el Gobierno en respuesta por escrito a la ya exdiputada Mamen Sánchez.

 

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