Nuevas facturas falsas y pagos en B del PP andaluz

Un reciente informe de Hacienda revela que una empresa de la trama creada expresamente para organizar actos electorales también cobró en negro y facturó irregularmente al PP de Andalucía

Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP andaluz (izquierda), y Mariano Rajoy. (Reuters)

Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP andaluz (izquierda), y Mariano Rajoy. (Reuters)

Seis años y medio después de que se destapara la trama Gürtel, la investigación puede abrir un nuevo frente a Mariano Rajoy. El último informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria desvela que una empresa tapadera de Francisco Correa, que compartía conLuis Bárcenas (extesorero del partido), Jesús Sepúlveda (exsenador y exalcalde de Pozuelo de Alarcón) y Jesús Merino (que fue consejero y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, diputado y senador), emitió facturas falsas y cobró en dinero negro del PP andaluz. La Audiencia Nacional ya ha abierto dos piezas que afectan a Andalucía, por los amaños de la trama en los ayuntamientos de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Estepona (Málaga). Investigaciones que ya implican a la senadora del PP María José García Pelayo y al exjefe de prensa del PP andaluz Isidro Cuberos.

El informe de la ONIF, fechado el 21 de septiembre de 2015, analiza definitivamente las deudas fiscales de las “empresas de eventos” de la trama entre los años 2003 y 2007 y desvela una facturación irregular de sociedades de la trama con el PP andaluz, incluyendo los nombres de Eloy Carmona, exsecretario general del PP de Sevilla, y Ricardo Tarno, actual diputado en el Congreso y expresidente del PP de Sevilla. “Estos datos aportados por Hacienda son muy relevantes. La pieza de Estepona ya está instruida, la de Jerez sigue en instrucción, pero los pagos del PP de Sevilla a la trama pueden y deben abrir un nuevo frente del caso“, señalan fuentes de las acusaciones populares personadas en el caso.

La clave es una sociedad bautizada como Rialgreen SL, conocida como ’13’ en la contabilidad de la trama y constituida en septiembre de 2002. Rialgreen depende de Spinaker 2000 SL. Los verdaderos dueños de esta última sociedad eran cuatro: Francisco Correa, Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda y Jesús Merino, que a través de Spinaker intentaron ocultar su participación en Rialgreen. Esta, por su parte, “tenía como actividad económica principal la gestión de la organización de las campañas electorales del PP”, reza el sumario.

El considerado como 'número dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo. (EFE)

El considerado como ‘número dos’ de la trama Gürtel, Pablo Crespo. (EFE)

Rialgreen participó en los comicios municipales, autonómicos, generales y al Parlamento Europeo que se celebraron en los años 2003 y 2004. Luis Bárcenas, en nombre del PP, firmó un contrato de prestación de servicios publicitarios para las campañas municipales y autonómicas de 2003 con Rialgreen, representada por Pablo Crespo, mano derecha de Correa. Rialgreen subcontrató a su vez a la empresa McCann Erickson a través de un convenio de colaboración empresarial, ya que Rialgreen, al ser una tapadera, no tenía capacidad para organizar esos actos. El beneficio que generó estos servicios se repartió al 50% entre McCann y Rialgreen.

“¿Cobro en B Andalucía?”

El informe de Hacienda analiza, entre otras muchas cosas, la facturación de Rialgreen en la campaña autonómica que se celebró en Andalucía en marzo de 2004. La contabilidad de la empresa revela que llegó a obtener hasta 500.000 euros del partido en actos electorales, y recoge la deuda que a finales de 2004 tanto el PP regional como el PP de Sevilla tenían con Rialgreen: 94.176 euros el primero y 127.547 euros el segundo. El 22 de julio de ese año, Pablo Crespo envió una carta a Eloy Carmona, entonces gerente del PP de Sevilla, para recordarle que tenía una deuda pendiente de 53.000 euros, de los que 40.000 se pudieron cobrar en B, según la ONIF. “¿Cobro en B Andalucía?”, escribe la trama en un apunte de la contabilidad. Carmona dimitió en julio de este año como secretario provincial del PP de Sevilla.

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Los papeles también salpican a Ricardo Tarno, expresidente del PP de Sevilla y actual diputado en el Congreso. Rialgreen refleja que debe emitir una factura de 72.500 euros, y en una anotación manuscrita esa cantidad se distribuye en30.000 euros a cobrar “por una sociedad” y el “resto a pactar” con la persona de contacto, que es Ricardo Tarno. Al lado aparece su móvil. Para cobrar parte de la deuda que el PP contrajo con Rialgreen, esta empresa emitió facturas falsas, en algunos casos, o infladas, en otros, a otras empresas que le facturaban por servicios no prestados. Empresas como Cresva, propiedad de Pablo Crespo, o firmas de Luis de Miguel (imputado en el caso por ayudar a blanquear dinero a la trama).

La trama creó la empresa Rialgreen cuya única actividad era organizar actos en las campañas del PP

“Rialgreen tiene como único cliente el Partido Popular. Hay parte de los servicios prestados en la campaña de Andalucía que se cobran en B (40.500 y 12.000 euros). Una vez finalizadas las elecciones de 2004, Rialgreen no presta ningún servicio; como veremos, la facturación que se emite es meramente instrumental al servicio de las empresas vinculadas a Francisco Correa”, concluye en informe de la ONIF.

Fondos públicos distraídos de la campaña

Spinaker, la empresa de la que colgaba Rialgreen, “tuvo por objeto la canalización de los ingresos procedentes de la organización de las campañas electorales”, afirma el sumario, que también asegura que la empresa fue creada“con fondos de Francisco Correa de procedencia ilícita” y que “Bárcenas, Merino y Sepúlveda participaron en Spinaker de modo opaco, al objeto de enmascarar los réditos presuntamente obtenidos por su actividad de intermediación”.

Según la investigación de la Audiencia Nacional, “los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar los gastos electorales que realiza la formación política, actos de la campaña electoral realizados por Rialgreen, revierten a los responsables políticos del Partido Popularencargados del control de los ingresos y gastos electorales, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal, a través de una facturación ficticia”. Luis Bárcenas, uno de los accionistas de Rialgreen, ha acusado al PP andaluz de tener también una caja B y de recibir donaciones de empresarios andaluces.

 

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